Proyectos de exoneraciones están detenidos en el Congreso
Aunque se depositaron hace 22 días en el Senado, los dos proyectos legislativos que buscan cambiar el método de asignación de exoneración de vehículos para los congresistas se encuentran detenidos y sin ningún avance en la comisión de Hacienda de la cámara alta.
El sistema de información legislativa del Senado registra los dos proyectos únicamente como «depositados» y el presidente de la comisión de Hacienda, el senador Pedro Catrain, expresó brevemente que ambas iniciativas necesitan más tiempo de estudios antes de ser sometidas a votación.
Después de estudiar los dos documentos, la comisión decidirá si los fusiona en uno solo o si se quedarán separados.
Las dos propuestas de ley, sometidas por los senadores Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista, surgieron tras los ataques contra el Congreso Nacional y tras una investigación de Diario Libre donde se informó que, desde el 2020 hasta el 2024, se importaron sin el pago de aranceles 499 vehículos a nombre de legisladores, lo que representó una pérdida de 2,140 millones para el Estado.
La investigación también determinó que los legisladores no registraron esos vehículos lujosos y deportivos en sus declaraciones de bienes, lo que confirma que los autos fueron traspasados a terceros. En los parqueos congresuales no se visualizó ningún vehículo lujoso.
Las críticas contra los congresistas no se hicieron esperar, aunque ellos, en su mayoría, defendieron las exoneraciones. Así fue como nacieron las dos propuestas para limitar las exoneraciones.
Los proyectos
En medio de una sesión del Senado, el legislador Alexis Victoria Yeb, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), introdujo un proyecto de ley que busca que los congresistas importen un solo vehículo cada cuatro años con un tope de 200,000 dólares. Según la propuesta, el automóvil solo podrá ser transferido después de cuatro años.
La otra pieza congresual, sometida por el senador Félix Bautista, del partido Fuerza del Pueblo, propone eliminar las dos exoneraciones de vehículos y establece que las presidencias de las cámaras legislativas entregarán un vehículo a cada legislador al inicio del mandato constitucional de cuatro años. A través de una resolución, el liderazgo congresual deberá detallar las condiciones, modelos y características de los automóviles.
En sus argumentos, ambas iniciativas explican que el Congreso debe fomentar iniciativas que frenen las exoneraciones para así evitar que los vehículos importados sean negociados y no usados por los propios legisladores.
La legislación vigente, modificada por última vez en el año 1996, permite que cada legislador importe dos vehículos cada cuatro años sin importar el costo, marca, modelo o cilindraje, lo que ha abierto las puertas a negociaciones extraoficiales que desvirtúan el privilegio.
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