Proyecto de ley sancionaría a funcionarios por lucros económicos

Los servidores del Estado hallados culpables de influir en otros colegas para obtener lucros económicos o judiciales para beneficiarse así mismo o a otras personas recibirán una condena de tres a cinco años de prisión. También serán inhabilitados durante cinco años de cargos públicos y multados con el doble de los beneficios obtenidos. 

Así lo estipula en la sección IV el Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales que depositó el presidente Luis Abinader este martes en el Senado. Este proyecto, además, fija condena de 30 y 50 años a más de 30 delitos.  

Mientras que los beneficiados con el tráfico de influencia del funcionario recibirán la misma condena y una multa que irá de cuatro a 10 veces el valor involucrado en la comisión del delito. En caso de no poder saldarla, deberá pagar entre 25 y 100 salario mínimos, según lo indica el párrafo 1 del artículo 34 de la propuesta.

En cuanto a los procesos de compras, el artículo 55 de la propuesta precisa que, si el funcionario viola a ley de Compras y Contrataciones, será castigado con cuatro y 10 años de prisión, inhabilitado por el mismo período y multado con 30 y 250 salarios mínimos. 

Y, si es la persona física y jurídica que incurre en el delito de compras y contracciones, será penalizada con cuatro y 10 años de prisión y multa de 100 a 500 salarios mínimos. 

“Las personas físicas o jurídicas que sean oferentes en un proceso de compras y contrataciones inobservando el régimen de prohibición que establece la ley que rige las compras y contrataciones públicas incurren en el delito de compras y contrataciones fraudulentas” serán sancionado con tres a cinco años de prisión, indica el documento.

La pieza legislativa fue depositada junto al proyecto de ley sobre Atención y Representación Legal y Protección a las Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo, que busca crear una dirección para formular y proteger a las personas en estas condiciones. 

Enviados a estudio de comisión

Ambos proyectos fueron enviados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de estudiarlo para rendir informe, favorable o no favorable. En caso de que sea válido, deberá ser aprobada dos veces seguidas y pasar a la Cámara de Diputados para el mismo proceso.

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